España ha aprobado una nueva regulación de la Ley de Extranjería que supone una de las reformas más completas de los últimos años en la materia. La modificación principal se recoge en el Real Decreto 1155/2024, publicado el 20 de noviembre de 2024 y en vigor desde el 20 de mayo de 2025.
La reforma introduce modificaciones sustanciales en varios aspectos del sistema migratorio español:
1. Simplificación y modernización de permisos de residencia y trabajo
Las nuevas normas unifican y aclaran procedimientos, con el objetivo de agilizar y hacer más coherentes las solicitudes de residencia y empleo. Las autorizaciones iniciales de residencia pasan a tener un período estándar de un año, con renovaciones posibles de hasta cuatro años en muchos casos.
2. Transformación del sistema de “arraigo”
El arraigo —una vía tradicional para regularizar la situación de personas extranjeras que llevan tiempo en España— se reorganiza. Ahora existen cinco modalidades: social, socio-laboral, familiar, socio-educativo y de “segunda oportunidad”. Además, se reduce el periodo mínimo de residencia requerido de tres a dos años en la mayoría de casos, facilitando el acceso.
3. Reagrupación familiar ampliada
Se crean figuras más claras para la residencia de familiares, incluyendo familiares de ciudadanos españoles y la ampliación de la edad máxima de hijos dependientes hasta 26 años.
4. Estancias de estudio y trabajo
Las autorizaciones por motivos de estudios se flexibilizan. Por ejemplo, estudiantes autorizados pueden trabajar hasta 30 horas semanales, y se mejoran las posibilidades de transición a permisos de trabajo tras estudios.
Los datos oficiales muestran que, tras la entrada en vigor del reglamento de extranjería, las solicitudes de permisos de residencia y trabajo aumentaron notablemente. Entre el 20 de mayo y el 31 de octubre de 2025, se registró cerca de un 50 % más solicitudes respecto al primer periodo del año, lo que indica una respuesta activa de la población extranjera a las mejoras normativas.
El objetivo declarado del gobierno es responder a las necesidades del mercado laboral, ofrecer más seguridad jurídica a migrantes y empresas, y facilitar la integración social y económica de personas extranjeras en España.

